¿Qué leyes de accesibilidad web aplican a mi proyecto? Argentina, la región y Europa

Cada vez más contratos piden accesibilidad, y cada vez más leyes la exigen. Casi todas comparten la misma referencia técnica: las Pautas WCAG en nivel AA. Si tu trabajo cumple WCAG 2.2 AA, estás bien parado frente a la mayoría de los marcos legales.

• Ley 26.653 de accesibilidad de la información en las páginas web, reglamentada por el Decreto 656/2019.
• A quién obliga: al Estado nacional y sus organismos, a las empresas del Estado, a las empresas privadas que prestan servicios públicos y a quienes reciben fondos, contratos o concesiones del Estado.
• Autoridad de aplicación: la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), que fija los requisitos técnicos.
• Para el resto del sector privado no es obligatoria, pero sí recomendada, y los contratos con el Estado suelen pedirla.

La mayoría obliga al sector público y toma WCAG como referencia. Algunos ejemplos:

• Brasil: la Ley Brasileña de Inclusión (13.146/2015, artículo 63) obliga a los sitios del Estado y de las empresas con sede o representación comercial en el país.
• Colombia: la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC exige WCAG 2.1 nivel AA a las entidades alcanzadas por la ley de acceso a la información pública, desde 2022.
• Chile: el Decreto 1 de 2015 fija la norma técnica de sitios web para los órganos de la Administración del Estado.
• Uruguay: el Decreto 406/022, que reglamenta la Ley 19.924, obliga al Estado y los organismos públicos, con la Agesic como organismo responsable.
• México: no tiene una ley específica de accesibilidad web para el sector privado. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de acceso a la información, y la administración pública federal tiene disposiciones propias de accesibilidad web.
• España: el Real Decreto 1112/2018 rige para el sector público y la Ley 11/2023 aplica la Ley Europea de Accesibilidad al sector privado.

• Ley Europea de Accesibilidad (Directiva 2019/882, conocida como EAA): exigible desde el 28 de junio de 2025. Alcanza a productos y servicios del sector privado, como tiendas online, bancos, transporte, libros electrónicos y telecomunicaciones. Las microempresas (menos de 10 personas y hasta 2 millones de euros de facturación anual) están exentas para los servicios.
• Directiva de accesibilidad web (2016/2102): rige para los sitios y aplicaciones del sector público.
• Norma EN 301 549: es la especificación técnica que usan las dos. Para la web, toma los criterios de WCAG 2.1 nivel AA y suma requisitos para software, documentos y comunicaciones.

Si tu cliente vende en la Unión Europea, aunque esté en otro país, conviene revisar si su servicio entra en la ley.

Se cita mucho, pero alcanza a organizaciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Si tu público está en Argentina, en la región o en Europa, las que aplican son las de arriba. Si tu cliente vende en Estados Unidos, conviene consultarlo con quien lo asesore.

• Tomá WCAG 2.2 AA como piso. Cubre lo que piden las normas que se basan en WCAG 2.1 y suma criterios nuevos.
• Ponelo en el contrato y en el presupuesto desde el principio, con un criterio de entrega claro. La guía Para devs tiene uno.
• Documentá lo que hiciste: una auditoría, las pruebas y una declaración de accesibilidad con lo que falta y un canal de contacto.
• Desconfiá de las soluciones mágicas. Ningún widget garantiza el cumplimiento. La guía Por qué los overlays no alcanzan lo explica.

• «Mi cliente no es europeo»: la EAA alcanza a quienes ofrecen esos productos o servicios en la Unión Europea, sin importar dónde esté la empresa.
• «No es obligatorio, entonces no lo hago»: la obligación legal es el piso. Las personas que no pueden usar tu sitio existen haya ley o no.
• Las leyes cambian. Plazos y alcances se actualizan. Antes de una decisión importante, revisá la fuente oficial.

Esto es una orientación, no asesoramiento legal. Para un caso concreto, consultá con un o una profesional del derecho.

Revisado en noviembre de 2026 con la Directiva (UE) 2019/882, el Decreto 656/2019, la norma EN 301 549 (en inglés) (en inglés), la Resolución 1519 de 2020 de Colombia, el Decreto 406/022 de Uruguay y la norma técnica de Chile. Las normas cambian: revisá siempre la versión vigente.